Concejales de la oposición presentaron un pedido de informes para conocer los detalles del nuevo esquema de limpieza del departamento. Advierten que el monto equivale a casi dos presupuestos municipales anuales y reclaman precisiones sobre los servicios, las empresas participantes, los controles y el alcance territorial de la prestación.

Una licitación por $288.000 millones y con una duración prevista de ocho años encendió la discusión política en Las Heras. Concejales de la oposición presentaron un nuevo pedido de informes para que el Ejecutivo municipal explique los fundamentos económicos y técnicos de la contratación destinada a los servicios de limpieza del departamento.

El planteo fue ingresado durante la sesión 17 del Concejo Deliberante y, según señalaron sus impulsores, esperan que sea tratado el próximo miércoles en comisión. Hasta el momento de las declaraciones, el bloque no había recibido respuestas oficiales sobre los cuestionamientos formulados.

El principal motivo de preocupación es la dimensión económica del contrato. De acuerdo con los datos expuestos por los ediles, el presupuesto municipal anual asciende a unos $154.000 millones, por lo que el monto de la licitación representa casi dos ejercicios presupuestarios completos.

Los concejales también pusieron el foco en la extensión del acuerdo y en el mecanismo de actualización de los valores, previsto cada tres meses. Según advirtieron, el costo podría adquirir un peso cada vez mayor sobre las finanzas municipales si los ingresos del departamento no evolucionan al mismo ritmo.

“¿Qué va a pasar dentro de uno o dos años, cuando esos valores vayan ascendiendo e involucren un porcentaje mucho mayor del presupuesto?”, plantearon durante la entrevista. En ese sentido, señalaron que la coparticipación constituye uno de los principales recursos del municipio y expresaron su temor de que el compromiso económico termine condicionando otras áreas de gestión.

La oposición también cuestionó que se avance con un contrato de semejante duración sin que, a su entender, estén suficientemente claras las garantías de una mejora concreta en los servicios. Sostienen que los reclamos vecinales por la falta de limpieza, el mantenimiento deficiente y las diferencias entre barrios continúan vigentes.

“¿Qué va a cambiar esta licitación?”, fue uno de los interrogantes que plantearon. Para los ediles, la continuidad de las empresas prestadoras y de los mecanismos de control actuales no asegura, por sí sola, una mejora en la atención de los vecinos.

Dudas sobre el alcance del servicio y el control

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran las especificaciones técnicas de la contratación, las tecnologías que se utilizarán, la cantidad de personal involucrado, el equipamiento previsto y las tareas que deberán cumplir las empresas adjudicatarias.

Otro de los interrogantes está relacionado con la situación de los empleados municipales que actualmente realizan labores de limpieza. Los concejales reclamaron precisiones sobre qué funciones desempeñarán si se modifica el esquema de prestación.

También solicitaron que se aclare el alcance territorial del servicio. Según indicaron, el expediente contempla unas 1.500 cuadras, pero todavía necesitan conocer cómo se distribuirán las tareas, qué sectores estarán incluidos y con qué frecuencia se realizará la limpieza.

En ese punto, advirtieron sobre las diferencias que observan entre distintas zonas de Las Heras. Mientras algunos barrios reciben tareas periódicas de mantenimiento, sostienen que otros presentan problemas de malezas, falta de desmalezado y deficiencias en la atención.

Como ejemplo, mencionaron sectores residenciales con jardines mantenidos y contrastaron esa situación con zonas de El Plumerillo y El Algarrobal, donde, según sus denuncias, la vegetación crecida dificulta la vida cotidiana de los vecinos.

Para el bloque opositor, la nueva contratación debería garantizar una prestación regular y de calidad en todo el departamento, independientemente de las características o la ubicación de cada barrio.

“Todos tienen los mismos derechos de recibir el mismo servicio”, remarcaron, al insistir en la necesidad de establecer criterios claros que eviten diferencias en la cobertura.

La duración del contrato, otro punto de controversia

Los ediles también pusieron en discusión el plazo de ocho años previsto para la contratación. Señalaron que existen alternativas de menor duración que permitirían evaluar periódicamente el desempeño de las empresas y realizar ajustes en función de los resultados.

Durante la entrevista, uno de los concejales consideró que el plazo podría responder a una decisión política vinculada con el horizonte de la actual gestión. Sin embargo, aclaró que la principal preocupación del bloque pasa por la magnitud del compromiso económico, la falta de información técnica y las garantías de cumplimiento.

La apertura de las ofertas está prevista para el 23 de octubre. Los concejales anticiparon que estarán atentos a la cantidad de empresas que se presenten, a sus capacidades económicas y operativas y a las condiciones que ofrezcan para ejecutar el servicio.

También manifestaron que necesitan descartar posibles irregularidades en el proceso y contar con información suficiente para evaluar si las firmas interesadas disponen de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas.

El pedido de informes, una primera prueba política

La próxima discusión en comisión será clave para determinar si el pedido de informes obtiene tratamiento y avanza dentro del Concejo Deliberante. Los impulsores esperan que no se postergue y reclaman que el Ejecutivo responda cada uno de los puntos planteados.

Los concejales sostienen que su iniciativa no busca rechazar la licitación por una cuestión partidaria, sino conocer cómo se utilizarán los recursos públicos y qué beneficios concretos recibirá la población.

“Esta licitación deja más incertidumbres que certezas”, expresaron al cuestionar la falta de precisiones sobre la cobertura, los controles y la calidad del servicio.

El debate se instalará así en torno a dos cuestiones centrales: la conveniencia de comprometer recursos municipales por ocho años y la capacidad del nuevo esquema para resolver los problemas de limpieza que denuncian los vecinos.

La respuesta del oficialismo y el tratamiento legislativo del pedido de informes serán determinantes para conocer los fundamentos de la contratación y despejar las dudas planteadas por la oposición.