Esto fue llevado a cabo por la Cámara de Senadores y obtuvo su primera aprobación. Gustavo Arenas, del PJ, encabeza la movida.

Por Arroba Sociedad.

Un proyecto de ley para que el Estado mendocino cree un manual que regule el uso del lenguaje no sexista en todos sus organismos recibió hoy la media sanción del Senado, en vista de garantizar el principio de igualdad en la utilización del vocabulario oral y escrito en el ámbito público. La iniciativa, que fue presentada por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) en octubre del 2015 y consta en el expediente N°67.002 de la Cámara Alta, pasará a Diputados para ser tratada y luego sancionada.

La futura norma centra su objetivo en “promover y garantizar en todos los organismos del Estado provincial la utilización de un lenguaje no discriminatorio y no sexista, contemplando el principio de igualdad de derechos, oportunidades y trato en la producción escrita administrativa y legislativa”.

Con este fin, define como “lenguaje discriminatorio el uso de vocablos o a la construcción de oraciones que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o escritor/a, resulte discriminatorio conforme lo establecido en la ley nacional Nº23.592”. Mientras, por lenguaje sexista entiende el “empleo de vocablos o a la construcción de oraciones que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o escritor/a, resulta discriminatorio basado en el sexo o el género, como también las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales o de género”.

Elaboración de un manual

El articulado establece que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Dirección de Derechos Humanos. Y marca que ésta deberá “elaborar, junto con la Dirección de Género y Diversidad, la Dirección General de Escuelas, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y otros organismos públicos especializados en la temática de género y discriminación, un manual para el uso de lenguaje no discriminatorio y no sexista, para ser utilizado por los organismos de la Administración Pública provincial, centralizada y descentralizada, contemplando el principio de igualdad entre sexos en la terminología empleada y eliminando el tratamiento sexista en la producción escrita”.

También ordena que ese organismo tendrá que “revisar la normativa vigente que reproduce prácticas discriminatorias y/o sexistas en la terminología y redacción escrita, e instar a su posterior modificación”, así como “impulsar, a través de la Dirección General de Escuelas, la utilización de dicho manual en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada”.

Asimismo, reafirma que la Dirección de Derechos Humanos deberá “invitar al Poder Judicial de la provincia de Mendoza a revisar el lenguaje administrativo y judicial, promoviendo la utilización de lenguaje no discriminatorio y no sexista” y “promover en los medios de comunicación la utilización de lenguaje oral y escrito libre de discriminación y sexismo, recomendando la utilización del manual”.

Simultáneamente dicta que la “Legislatura provincial deberá adoptar para la redacción legislativa y administrativa el manual para el uso de lenguaje no discriminatorio y no sexista, incorporando la perspectiva de género en la técnica legislativa”, e invita “al Poder Judicial y a los municipios de la provincia de Mendoza adherir a las disposiciones de la presente ley y adoptar el ‘manual para el uso de lenguaje no discriminatorio y no sexista’”.

Garantía de trato igualitario

En sus fundamentos, el proyecto de ley del legislador justicialista refleja en los antecedentes que Argentina y Mendoza “asumieron como prioridad y desafío trabajar en materia de legislación e implementación de políticas públicas que garanticen el trato igualitario entre hombres y mujeres, y eliminen prácticas de discriminación por motivos de género. Por eso, en la elaboración y la implementación de políticas de igualdad e inclusión es fundamental reconocer la importancia del lenguaje como instrumento de comunicación y formador de sentidos”.

Remarca a continuación: “El tipo de lenguaje que usamos no es inocente, por lo cual si usamos un lenguaje que toma como norma y medida sólo a una parte de ella (lo masculino), promovemos a que persista en el imaginario colectivo la percepción de que las mujeres son subsidiarias, secundarias y prescindibles”. Y considera: “El lenguaje en sí mismo no es masculino ni femenino; el lenguaje no es sexista ni excluyente, pero sí el uso que hacemos las personas del mismo. En él se proyectan estereotipos aprendidos que responden a la construcción de modelos culturales que sitúan la mirada masculina como universal y generalizable a toda la humanidad”.

En consecuencia, refleja que “la utilización del masculino como un supuesto genérico tiene como efecto considerar lo masculino como central, normativizado y habitual, mientras que lo femenino aparece como residual, excepcional o desviado de la norma, reafirmando la perspectiva androcéntrica que asimila al varón como universal, y subordinando e invisibilizando al género femenino”.

Así, la propuesta del senador Gustavo Arenas remarca que su finalidad es “promover un lenguaje inclusivo en la redacción escrita administrativa en todos los organismos del Estado provincial, a través de la elaboración y la utilización de un manual para el uso de lenguaje no sexista. Se entiende por lenguaje no sexista aquél que no oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de los géneros, y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género”.

Los antecedentes

En este sentido, afirma que “la iniciativa de elaborar un manual de lenguaje no sexista o lenguaje igualitario en cuanto al género se orienta a evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o excluyentes”. Y como antecedente cita “el documento elaborado por la Unesco ‘Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje’, redactado a partir de la resolución 14.1, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 24^a reunión, en la cual invita al director general, en el apartado 1) del párrafo 2), ‘a adoptar, en la redacción de todos los documentos de trabajo de la organización, una política encaminada a evitar, en la medida de lo posible, el empleo de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata de medidas positivas en favor de la mujer’”.

Menciona incluso que “la resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 25^a reunión invita al director general, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, a ‘b) seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su utilización en los Estados miembros, y c) velar por el respeto de esas directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la organización ’”.

Con relación al ámbito nacional, señala que “existen antecedentes legislativos como el proyecto de ley de la senadora nacional Marita Perceval (S-0034/08) y el expediente 2088-D-2011 de la diputada nacional Cecilia Merchan”. Y expresa que “la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del Programa de Modernización implementado en el 2012, elaboró la ‘Guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario’, como herramienta concreta que inste a reflexionar sobre la capacidad inclusiva del lenguaje utilizado y replicado en la Cámara de Diputados”.

En busca del cambio cultural

Seguidamente manifiesta que “el uso sexista del lenguaje en la expresión oral y escrita transmite y refuerza las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad, y es responsabilidad del Estado generar cambios culturales que convoquen a construir otro sistema de valores, otras formas de expresión y representación de las relaciones sociales”.

“Tal como lo presenta la ‘Guía para el uso de un lenguaje no sexista’ de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación –prosiguen los argumentos–, el uso de un lenguaje igualitario y no sexista tendría que tender a ser la norma, en lugar de ser la excepción en documentos parlamentarios, comunicaciones internas, reglamentaciones, proyectos legislativos, dictámenes, resoluciones, convenios y publicaciones”.

Finalmente aclara que por esa razón el proyecto de ley “constituye una iniciativa destinada a promover una comunicación con perspectiva de género”, ya que “la elaboración y la posterior utilización de un manual para el uso del lenguaje no sexista en el ámbito de la Administración Pública provincial permitirá concientizar sobre prácticas más inclusivas que contemplen la diversidad y la igualdad de oportunidades”.